La justificación de los elevados precios de los fármacos innovadores ha sido siempre, y más ahora en época de crisis, un tema recurrente y motivo de debate entre los diferentes agentes implicados.

Desde el punto de vista social, y situando al lobby de la industria farmacéutica en el punto de mira, se plantean cuestiones como cuál es la inversión real que las empresas farmacéuticas hacen en i+d, que es al fin y al cabo el principal argumento (que no el único) en el que se apoya la justificación de precio.

En muchas ocasiones se ha cuestionado el hecho de atribuir todos los costes de i+d derivados de productos que no han llegado al mercado como gastos indirectos del éxito del blockbuster. Es decir, de acuerdo a las estadísticas, sólo uno de cada diez fármacos en desarrollo llegará a ser comercializado, por lo tanto, ¿es lícito que una empresa repercuta todos los gastos de i+d de los productos que se caen durante las fases de desarrollo preclínicas o clínicas para justificar un precio más alto cuando uno de sus productos llegue a mercado?

Por otra parte, esta estadística necesita una revisión a la vista del nuevo funcionamiento de la industria pharma-biotech. Durante los últimos años, la industria farmacéutica tradicional ha ido centrándose en las últimas etapas de desarrollo de fármacos, adquiriendo mediante licencias o adquisiones de empresas biotecnológicas productos que se encuentran ya en ensayos clínicos fase I o II, cuando la probabilidad de fracaso ya es bastante más reducida.

¿Se puede considerar el coste pagado por esta compra una inversión en i+d? En este caso, la apuesta se hace con mucha más seguridad, aunque el pago realizado a la biotech sea mayor que la inversión en i+d que ésta ha realizado.

También existe cierta controversia sobre cuánta de la inversión realizada en estas últimas etapas de desarrollo del fármaco y en su lanzamiento al mercado, puede ser atribuida realmente a i+d y cuánta corresponde más a una labor de marketing.

Y si seguimos analizando el modelo, llegamos al hecho de que una gran parte de estos productos desarrollados por empresas biotecnológicas proceden de investigaciones realizadas en centros de investigación, que en el caso de España son en su gran mayoría públicos, y por tanto financiados por dinero procedente de impuestos que pagamos todos, ¿se tiene en cuenta esta aportación que ya ha realizado la sociedad a la hora de fijar un precio justo del medicamento?

En realidad, la participación que tenemos todos los ciudadanos en el i+d de las compañías biofarmaceuticas mediante nuestros impuestos, es la que más riesgo tiene, puesto que se realiza en las fases en las que existe una mayor probabilidad de fracaso. Además, la sociedad continúa siendo accionista de las investigaciones posteriores, mediante la adjudicación de subvenciones (cada vez menos…) y créditos blandos a empresas de nueva creación con base innovadora, a través de programas nacionales y europeos.

Como explicamos en el post del spin innovador, las condiciones bajo las que se realizan las licencias para la explotación de los resultados obtenidos en centros públicos esperan casi siempre un retorno a largo plazo, en forma de royalties, por lo que podemos considerarlo como un órdago a la innovación.

Finalmente, a la hora de plantearnos el precio de un medicamento, no podemos olvidar una lección básica de marketing: ¿Qué es lo que fija el precio de un producto? ¿El mercado, la competencia, el coste de producción? ¡Nada de eso! El precio que podemos cobrar por nuestro producto, no es ni más ni menos que lo que el cliente esté dispuesto a pagar, ¿y cuál es el precio de la salud?

En este punto, me vienen a la mente conceptos de farmacoeconomía, como la justificación del precio en base a los costes de las terapias alternativas utilizadas hasta ese momento: ¿Cuál es el precio de una terapia celular para el tratamiento del infarto de miocardio?

Una persona que ha sufrido un infarto, tendrá durante el resto de su vida una menor capacidad para bombear sangre a sus tejidos puesto que la parte del corazón que ha sido dañada no volverá a funcionar correctamente.

Esto dará lugar a una peor calidad de vida del paciente, reduciéndose la eficacia de esta persona en su puesto de trabajo: faltas de asistencia para acudir a consultas médicas y bajas derivadas de su estado de salud; además del coste del tratamiento farmacológico de por vida y posteriores intervenciones quirúrgicas,…

Si mediante una sola intervención pudiéramos devolver al corazón de los pacientes infartados su funcionalidad, ¿cuánto dinero se estaría ahorrando la sociedad? ¿sería ese ahorro el precio justo del medicamento?